AUTOGESTIÓN SOCIAL DE PEMEX: ALTERNATIVA A LA PRIVATIZACIÓN Y A LA ESTATIZACIÓN. Pemex y el capital estatal

Por: Ruben Trejo (integrante del Colectivo Autónomo Magonista)

24 de junio de 2008

El Estado mexicano es una forma social de la dominación capitalista que aparece, engañosamente, como representante del interés general de toda la sociedad. El Estado capitalista mexicano, ¿puede administrar propiedades públicas en interés del pueblo o de la sociedad en general? Al administrar bienes de la nación y en nombre del pueblo, ¿el Estado nacional opera por encima de los intereses de los diversos grupos sociales, al margen de su carácter de clase? El fetichismo de Estado es el que crea la ilusión de que esa relación social de dominio es un espacio social neutro o autónomo que responde al interés general de la sociedad. Es este fetichismo el que hace aparecer a las empresas públicas y nacionales productivas como entidades no capitalistas de un Estado no capitalista.

Ahora bien, las empresas públicas que utilizan trabajo asalariado productivo explotan a sus trabajadores para generar plusvalía, son, por tanto, una forma de capital, capital estatal. En efecto, el Estado a través de sus empresas públicas productivas explota a sus ciudadanos. Pemex no es la excepción: es una empresa nacional que obtiene sus beneficios al explotar a sus 138 mil empleados y de la renta petrolera que le proporcionan los ricos yacimientos del país. En efecto, Pemex opera como una empresa capitalista de un Estado capitalista en una sociedad capitalista. En tal sentido, la industria de los hidrocarburos ha servido al interés de la reproducción general del capitalismo mexicano —que no de la nación mexicana—, subsidiando y transfiriendo valor a la iniciativa privada (Pemex realizó transferencias de valor por un monto de 11.3 mil millones de pesos entre 1953 y 1972). En consecuencia, es erróneo afirmar sin más que Pemex está al servicio del pueblo, la sociedad o la nación mexicana cuando, en realidad, ha sido una palanca del crecimiento de la burguesía mexicana y de su Estado.

El Estado y los gobiernos emanados de la revolución buscaron aplicar la Constitución de 1917 y, con ello, arrancar al capital extranjero áreas e industrias estratégicas para el país como el petróleo, la minería y la agricultura, propósito que coronó exitosamente Lázaro Cárdenas en 1938. El control nacional de la economía, que en un primer momento se topó con el mayor poderío del capital trasnacional y de sus gobiernos imperiales, fue la matriz de la ideología de la unidad nacional y el nacionalismo revolucionario que otorgó una legitimidad de largo aliento al régimen posrevolucionario. En efecto, el nacionalismo revolucionario fue la fórmula ideológica del derecho que reclamó la nueva clase en el poder para operar los bienes nacionales como capital estatal que permitiera el desarrollo de su proyecto de país. Controlar la mayoría de los bienes nacionales como capital estatal, antes de privatizarlos, es lo que hizo la clase política del partido oficial durante sus setenta años de dominio, es decir, usufructuó para sus fines capitalistas los bienes nacionales. En suma, la clase política priísta se carranceó los bienes nacionales para impulsar los negocios de la burguesía y, desde luego, para enriquecerse, que no para beneficio del pueblo.

La disyuntiva entre propiedad pública o propiedad privada de Pemex no supera el uso capitalista del mismo, sea puesto al servicio general de la burguesía o sea puesto al servicio de la codicia de los particulares. En consecuencia, la disyuntiva para un movimiento de izquierda es entre la existencia de Pemex como empresa capitalista —privada o estatal— o su apropiación autogestionaria por el pueblo mexicano.

Igualmente, para los trabajadores petroleros la disyuntiva no está en ser explotados por la iniciativa privada o ser explotados por el Estado, al frente del cual puede estar cualquier fracción de la clase política (PRI, PAN o PRD). Para los trabajadores la disyuntiva es entre la explotación capitalista o la apropiación autogestionaria de Pemex, es decir, la socialización de la riqueza petrolera y la destrucción del trabajo asalariado. Lo anterior, desde luego, pasa por la democratización del sindicato petrolero y el encarcelamiento de la mafia que hoy controla esa organización.

El despojo privatizador

Entre 1982 y 2008, los gobiernos neoliberales priísta y panista han privatizado más de 980 empresas públicas. La voracidad, la ambición de obtener ganancias privadas con recursos públicos es lo que ha guiado ese proceso de rapiña. El capitalismo en su sed de ganancias convierte a áreas económicas públicas en espacios de la acumulación capitalista. La ley de hierro de despojar bienes públicos, nacionales, colectivos y comunales para transformarlos en espacios de ganancias privadas, es lo que ha motivado, desde la Conquista española hasta el neoliberalismo actual, la rapiña de tierras, aguas, recursos estratégicos, playas, viento, bosques, información genética, empresas públicas, conocimientos…El capitalismo desde siempre está basado en la explotación de la fuerza de trabajo pero, también, en la expoliación de bienes tangibles e inmateriales que, a su vez, convierte en nuevas áreas de explotación.

La privatización neoliberal ha creado una nueva oligarquía económica que es reconocida como una de las más ricas del mundo: Telmex y la familia Slim, Tv Azteca y Salinas Pliego, Grupo Acerero del Norte y Satmex de las familias Autrey y Ancira Elizondo, Grupo Villacero propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, Grupo Bal de Alberto Bailleres Gonzáles, Grupo México y Germán Larrea Mota Velazco, Alfa Corporativo y Dionisio Garza Medina. Estos son los nombres de algunos de los expoliadores y de sus empresas que, gracias al usufructo de bienes públicos, se han transformado en parte del selecto grupo de los más adinerados del planeta. En efecto, un grupo pequeño de una docena de empresarios controla el 10% del PIB; asimismo, el 10% de la población con mayores ingresos concentra aproximadamente el 48% del PIB; en cambio, el 50% del total de la población mexicana, ubicada en la pobreza, recibe apenas el 11% del PIB, y el 10% de los más pobres entre los pobres sólo el 1% del PIB. En síntesis, mientras una elite se ha enriquecido con la rapiña de los bienes públicos, el pueblo mexicano sigue en la pobreza y emigrando por hambre a Estados Unidos.

El despojo vía las privatizaciones es uno de los resultados económicos del capitalismo. En consecuencia, no se pueden combatir los efectos sin erradicar la causa: las relaciones sociales capitalistas. Los que dicen estar en contra de la privatización de Pemex sin estar en contra del capitalismo, es porque, en el mejor de los casos, quieren combatir las manifestaciones de la enfermedad sin erradicar su origen: la explotación capitalista. O, en el peor, aspiran a convertirse en gestores del capitalismo evitando únicamente los rasgos más depredadores del mismo.

Contra la privatización de Pemex

Estamos en contra la privatización de Pemex, nos oponemos a su apropiación por la ambiciosa burguesía nacional y extranjera, que haría de nuestro país una colonia más de los negocios globales del capitalismo. La privatización solapada de Pemex, que maliciosamente aparenta mantener la propiedad pública mientras se transfieren actividades y funciones a los particulares, propuesta por Felipe Calderón consiste en que la iniciativa privada podrá “realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”, así como el servicio de refinación del petróleo. Con la finalidad de prestar estos servicios, podrá “construir, operar y ser [propietaria] de ductos, instalaciones y equipos” (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo).

Felipe Calderón ofrece áreas estratégicas de la industria petrolera a la iniciativa privada nacional y extranjera, que representarán negocios multimillonarios, sometiendo más al país al dictado de las trasnacionales y al dominio del gobierno estadunidense. Y todo esto sin pagar un solo peso y con la finalidad de darle certidumbre jurídica a la rapiña de los inversionistas privados. Su decisión es similar a la de Santa Anna que vendió La Mesilla en 10 millones de pesos, ¡toda una ganga! Calderón, como hombre caritativo que es, ofrece actividades y áreas estratégicas de Pemex sin pago alguno. El dictador Santa Anna, como es fama, era pésimo militar y mal vendedor. El fraudulento Calderón juega a ser soldadito y dilapida la riqueza petrolera.

La pejepropuesta
El pejegobierno propone “convertir a Pemex en motor de la economía” que, al garantizar “un abastecimiento adecuado de productos con certidumbre de volúmenes y precios competitivos”, fortalezca a la entidad pública y genere “un impulso de la actividad industrial nacional” (Propuesta alternativa para fortalecer y desarrollar el sector energético sin privatizarlo). Pero, cabe preguntar de qué economía y actividad industrial nacional hablamos. Una economía en la que las 500 empresas más importantes controlan más de 50% de los activos de la actividad industrial, es decir, que está dominada por la oligarquía económica. Una economía en la que las trasnacionales controlan las actividades más dinámicas (automotriz, electrónica, farmacéutica, entre otras). En tal sentido, el pejegobierno propone simplemente abastecer con certidumbre y precios competitivos a la oligarquía económica que controla los circuitos de la industria nacional. Desde luego, en la pejeóptica, las inversiones en Pemex, al aprovechar las “oportunidades de cada uno de los procesos, desde la exploración hasta la comercialización”, fortalecerían a la entidad pública y generarían un efecto multiplicador en la economía nacional. Estamos en contra del despojo de la privatización, pero ¿nos tenemos que conformar con que Pemex siga siendo utilizado para fortalecer a la industria de la oligarquía? Para nosotros, la disyuntiva no es entre el despojo de Pemex por unos cuantos, la privatización, o el despojo de la entidad pública para el interés general de los industriales.

Por cierto, la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas es similar: “Los objetivos que debieran asignarse a Petróleos Mexicanos, a mi juicio, son los de devolver a la industria petrolera y a Pemex mismo el papel de impulsores del crecimiento económico y la industrialización, motores de la formación de capital nacional, proveedores de energéticos baratos para la economía del país, contribuyentes a una balanza de pagos sana, convirtiendo a Pemex, con esa visión, en un ente productivo de alcances globales, que obtenga sus ingresos principales de la venta de productos con alto valor agregado, tecnología y capacidad empresarial” (Principios de la reforma energética). Como vemos, una propuesta central es convertir a Pemex en el “motor de la formación de capital nacional”. En esto consiste todo su nacionalismo. Si para el capital financiero la nación es un área monetaria para especular y para el capital productivo es un área de beneficios que permite explotar a seres humanos, para la clase política perredista la nación es un territorio con recursos para la formación de capital nacional.

Las propuestas del “Gobierno Legítimo” y de Cárdenas no superan el despojo del petróleo que han hecho la burguesía y la clase política durante décadas. Este despojo consiste en poner al servicio de la acumulación del capital y de la formación del capital nacional un bien que es del pueblo mexicano.

Expropiación de los despojadores

¿Qué proponemos? Si los bienes públicos, nacionales, colectivos y comunales han sido privatizados a través de un gigantesco proceso de despojo en beneficio de la oligarquía, es de justicia elemental que esos bienes regresen a sus legítimos dueños. En efecto, la acumulación por despojo del capitalismo mexicano se funda en la expoliación y el robo de tierras, aguas, bosques, viento y empresas públicas. Es por ello de justicia que las empresas públicas, tierras, aguas, bosques, viento, sean restituidos a los campesinos, indígenas, trabajadores y al pueblo mexicano despojado. Las compañías públicas privatizadas deben ser restituidas al usufructo común del pueblo mexicano. Aquellas corporaciones que, abusando del corrupto proceso privatizador llevado a cabo por los diversos gobiernos neoliberales, tengan propiedades que son del pueblo y de la nación deben ser expropiadas y, si generaron perjuicios al bien público y nacional, se le debe exigir el pago de una indemnización por el daño causado. Estos bienes públicos, nacionales y colectivos despojados por los empresarios y gobiernos neoliberales deben ser restituidos a sus legítimos dueños. Las empresas públicas, las tierras, las aguas, los bosques, el viento, recuperados para el beneficio colectivo del pueblo deben ser organizados y administrados por las comunidades, pueblos, consejos de trabajadores y de ciudadanos que para tal fin se organicen.

Las compañías públicas recuperadas deben pasar a ser propiedad común del pueblo mexicano que no del Estado. Con la finalidad de evitar que la clase política de cualquier signo se apropie de la riqueza pública, social y nacional a través del estatismo, las colectividades de trabajadores, ciudadanos, campesinos, indígenas, serán los propietarios en común, los administradores y los gestores de los bienes nacionales y públicos. Estas colectividades se asegurarán que los bienes públicos y nacionales, convertidos en bienes comunes, se utilicen para el beneficio de todo el pueblo mexicano.

Pemex es del pueblo: que lo autogestione el pueblo

Respecto al petróleo, en concreto, ¿qué proponemos? Se dice, con razón, que el petróleo es un bien nacional y que el depositario original de la Nación es el pueblo mexicano, no el gobierno ni el Estado. Entonces, lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista es ser consecuentes con esa afirmación: que el pueblo gestione para el pueblo la riqueza petrolera, no el gobierno ni el Estado. Que el pueblo, la sociedad civil, a través de sus organizaciones autónomas, autogestione el petróleo con las finalidades de satisfacer las necesidades sociales y de impulsar un desarrollo económico alternativo al capitalismo.

Organización autónoma

El petróleo sólo será del pueblo mexicano si éste se organiza y lucha de manera autónoma por rescatarlo de la voracidad de la clase política, el gobierno y el capital privado nacional y extranjero. Las aves de rapiña de la iniciativa privada sobrevuelan la apetitosa riqueza del oro negro y confían en que las distintas fracciones de la clase política podrán llegar a un acuerdo que les favorezca.

Si los grupos panista y priísta imponen la privatización, es probable que la lucha del pueblo mexicano contra la privatización del petróleo desborde los márgenes de los institutos partidarios de oposición, el almidonado debate de los expertos y la conducción del líder que afirma el “movimiento soy yo”.

Los partidarios de una lucha anticapitalista debemos estar atentos a la evolución del proceso de lucha del pueblo mexicano en contra del despojo del petróleo y buscar desbordar los límites que se le quiere imponer. No tenemos dudas, hay que luchar contra la privatización del petróleo pero hay que hacerlo promoviendo la autonomía del movimiento y la alternativa de expropiar a la oligarquía los bienes privatizados el último cuarto de siglo, así como su autogestión por la sociedad para garantizar un uso común y racional de los recursos del país.

Pero, ¿cómo promover la organización independiente del movimiento? Hay que retomar las experiencias de rebeldía del pueblo mexicano: construir comités y consejos autónomos, en nuestros centros de trabajo, escuelas, barrios, ejidos y comunidades, que para ello nos sirven de inspiración el Consejo Nacional de Huelga de 1968 y las Juntas de Buen Gobierno de los Municipios Autónomos Zapatistas.

Si la privatización del petróleo tiene que definirse en la lucha callejera que ésta sea autónoma y anticapitalista.