Ya no quedan más mejillas
Desde inicios de julio de este año, trabajadoras y trabajadores bananeros,
campesinos e indígenas de la provincia de Changuinola en Bocas de Toro
(Panamá), permanecían en huelga en defensa de derechos laborales básicos
amenazados por las llamadas Ley Chorizo y Ley Carcelazo aprobadas por el
gobierno derechista y militarista de Martinelli.
Más de 4000 trabajadores afiliados a la Confederación de Trabajadores de
la República de Panamá y 700 trabajadores de Convergencia Sindical, se
manifestaban el 8 de julio repudiando la eliminación del derecho a huelga,
la restricción de la libertad sindical, la penalización con cárcel de la
protesta y la eliminación de las cuotas sindicales, cuando fueron
brutalmente reprimidos por fuerzas policiales que luego del garrote y la
violencia dejaron un saldo de 7 personas muertas, más de 100
hospitalizadas y cerca de 30 detenidas. (...leer más)
Estas acciones despertaron movilizaciones en todas las provincias del
país, así como la convocatoria, por parte del Encuentro Nacional de
Dirigentes Populares, Sindicales y Gremiales, a una Huelga Nacional para
el martes 13 de julio. Las organizaciones obreras y campesinas, amenazadas
con quedar desplazadas por la creación, bajo ley, de una central sindical
fiel al gobierno, demandaron la liberación de las y los trabajadores
presos y la impugnación de los asesinatos políticos cometidos.
No obstante, la violencia del Estado, las presiones oficiales y el cerco
mediático nuevamente, como otras tantas veces en nuestra región,
permitieron la “negociación” y gestaron una “salida” al conflicto. Pero
este caso es un ejemplo más de las formas en que actualmente el sistema
capitalista y el Estado matan en la región centroamericana; es un ejemplo
de la barbarie a la que es capaz de llegar la derecha fascista para
imponer sus proyectos de liberalización económica, extracción de recursos
y mercantilización de la vida.
Se trata de una tendencia que tiene varios años de venirse cuajando y que
ha venido tomando forma bajo el eje militarista y neoliberal de los
Estados de la región, desde México y Honduras, pasando por Costa Rica,
hasta Panamá y Colombia. No es casual la estrecha relación de la actual
presidente de Costa Rica con el gobierno de Martinelli (que en su forma
más vulgar se concreta en la participación de efectivos policiales
costarricenses en los actos de represión dentro de fronteras panameñas),
ni el papel que nuestro país jugó en la legitimación internacional del
golpe en Honduras y del inconcebible gobierno de Porfirio Lobo.
No es tampoco casual que la presencia militar criolla haya aumentado en
estos últimos meses, paralelamente a la influencia y la intervención
militar norteamericana. El permiso de desembarco de más de 7 mil soldados,
46 buques de guerra y 200 helicópteros del ejército estadounidense por
parte de la alianza oficialista-evangélica-liberticida en el parlamento
tico, expone en toda su crudeza la inexistencia de soberanía nacional en
Costa Rica, y la clara disposición de la oligarquía local de ponerse a las
órdenes de los proyectos geopolíticos del gobierno gringo.
Así queda desnuda la mentira que día a día nos hacemos a nosotros y
nosotras mismas sobre nuestra Costa Rica de paz y nuestra perpetua y
sacrosanta neutralidad: los militares gringos gozarán de absoluta
inmunidad ante la justicia tica, los marines podrán entrar y salir del
país a voluntad y circular por todo el territorio nacional uniformados y
portando sus armas de combate. A nadie alarma la cascada de denuncias
internacionales sobre agresiones, violaciones y amedrentamiento de
efectivos gringos a ciudadanas y ciudadanos de otros países ocupados.
Pero no se crea que esto es nuevo. La estrategia militarizante del
gobierno ya se podía entrever con el acuerdo de intercambio con el
gobierno italiano de entrenamiento militar a policías ticos por bonos de
carbono para el país europeo. Ni qué decir de las numerosas ocasiones en
que desde 2007 se han aprobado desembarcos semejantes al mencionado: 5
barcos de guerra artillados y 17 guardacostas hace 3 años, 13 buques de
guerra con una tripulación aproximada cada uno de 20 oficiales y 200
enlistados en 2009 (todos cargados de avioncitos y helicópteros), y muchos
otros permisos de desembarco para naves guardacostas. Todo esto, bajo el
discurso de la seguridad democrática y el combate al narcotráfico.
La falsa guerra contra las drogas, que nunca pone como sus objetivos
principales a los capos de las mafias locales e internacionales, ni a las
figuras de la narcopolítica de los gobiernos regionales, es tan solo una
ilusión, un discurso en holograma para desviar la atención de los
verdaderos intereses: incrementar la presencia militar norteamericana en
Centroamérica y consolidar la hegemonía del proyecto neoliberal. No debe
asombrar, en este sentido, que en todo el mundo los países con mayor
presencia militar estadounidense son los que presentan los mayores
incrementos en producción y comercialización de drogas.
Las consecuencias de dichos mecanismos los estamos viviendo ahora casi a
diario: represión política, criminalización, desmantelamiento del
andamiaje jurídico de derechos, penalización de la protesta,
estigmatización mediática de la lucha social. Esta guerra permanente
contra el “otro” (el inmigrante, el delincuente, el comunista, el
pandillero, pero también el campesino, el indígena, el pobre), sobretodo
en su versión de guerra contra el narco, es en realidad, como se ha dicho
antes, una “guerra contra los pueblos”
(http://www.elpais.cr/articulos.php?id=28871), “una guerra que no alcanza
a la América opulenta del norte”, ni se interesa por plantearse de manera
seria la solución de ningún conflicto.
Esta supuesta guerra es una sistemática y calculada agresión regional.
Constituye la expresión explícita de un impulso implícito: el control y
dominio de población y recursos. Las estrategias comerciales ocultan
estrategias de saqueo, las iniciativas de cooperación ocultan intereses de
control, las políticas de seguridad regional ocultan políticas de dominio
geopolítico. Ejemplo de estas formas son los tratados de libre comercio,
la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, pero también signos más puntuales
como el Tratado Obama-Uribe para el uso de 7 bases militares colombianas
por parte de Estados Unidos, la reciente reactivación de la Cuarta Flota,
el golpe de Estado en Honduras, la ocupación militar en Haití y la
concesión de nuevas bases militares en Panamá.
En Centroamérica, el Estado de derecho es solo a partir de su negación. La
seguridad es solo a partir de su negación. La paz es solo a partir de su
negación. Nuestro pueblo vive agredido por la ley, inseguro y en
violencia. La única promesa que nos hace el poder es la de no cansarse
nunca de golpearnos en esa “otra mejilla” que incansablemente no dejamos
de ofrecer; así, la única promesa que podemos hacernos es la de armarnos
de dignidad y garantizar que ya no queden más mejillas, solo las mejillas
cubiertas.
Colectivo La Libertad
San José, Costa Rica
Julio 2010
lunes, 26 de julio de 2010
Comunicado ante la militarizacion de centroamerica
Publicadas por
Colectivo Autónomo Magonista afiliado a la Federación Anarquista de México (FAM-IFA)
a la/s
11:48 p.m.
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