Trastorno de ideas delirantes

Trastorno de ideas delirantes

Rafael Uzcátegui

En el museo de la ignominia quedará la justificación que realizó la
Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, sobre la
medida de privación ilegítima de libertad contra Franklin Brito. Esa
decisión, de recluirlo a la fuerza en el Hospital Militar durante su
huelga de hambre, causó la radicalización del conflicto, dificultando
el diálogo y apostando por un desgaste que terminó, en última
instancia, con su fallecimiento.

Como se recordará el 15 de enero del 2010 la Fiscal anunciaba, a
través de los medios estatales que el productor agropecuario padecía
de “trastorno de ideas delirantes”. La doctora Díaz se convirtió en
una figura activa de la campaña de criminalización y desprestigio, a
la cual también se sumó la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez,
quien el 14 de diciembre del 2009 sostuvo que Brito “no reunía la
mejor condición mental”. Por defender lo que consideraba como sus
derechos violentados, las máximas figuras del llamado “Poder Moral” lo
llamaban loco.(...leer más)

Debido al drama relacionado con sus sucesivas huelgas de hambre, con
frecuencia se olvida que la violación de la titularidad de sus tierras
era sólo un capítulo de una serie de atropellos contra un humilde
trabajador, oriundo de Rio Caribe, que empezaron cuando tuvo el
“trastorno” de señalar, con pruebas, la inminencia de actos de
corrupción en los organismos estatales. Como consta en la comunicación
que Brito dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
junio de 2009, y en las primeras informaciones sobre su caso
ventiladas por los medios, en abril del año 2001 el biólogo denunció
que un millonario proyecto de fumigación con agroquímicos, contemplado
por la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Bolívar a ser
financiado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), no era la
mejor alternativa para combatir las enfermedades en los cultivos de
ñame de la región. En cartas dirigidas a la Asamblea Nacional, El
Bloque Parlamentario Región Guayana y el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas (INIA), Brito alertó que de concretarse ese
proyecto constituiría un “uso inadecuado de los recursos”, pues no era
recomendable para el modelo de siembra utilizado en la zona. El INIA
le dio la razón, recomendando el uso de variedades de ñame resistentes
a las plagas como una solución más económica y ecológicamente
sustentable. En consecuencia la CVG desistió del financiamiento,
desbaratando el negocio que involucraba, entre otros funcionarios, al
alcalde del municipio, Juan Carlos Figarella.

Es aquí donde comienza el vía crucis de Franklin Brito y su familia.
Como retaliación por su denuncia, se dispararon diferentes resortes
del poder para hacerle pagar con intereses sus “ideas delirantes”. El
16 de abril del 2001 es despedido del Instituto Autónomo Municipal de
Desarrollo Agrario (IAMDA), una institución dependiente de la Alcaldía
del Municipio Sucre. Paralelamente fue cesanteado en su cargo de
profesor de la Unidad Educativa Nacional “El Guarataro”, cuya
directora, Griselda Álvarez, era prima del alcalde Figarella. Como si
lo anterior no fuera suficiente, también es botada su esposa, Elena
Rodríguez de Brito, de su rol de docente en la Escuela Integral
Bolivariana “El Guarataro”. Como parte de este ensañamiento ocurre el
otorgamiento de cartas agrarias, por parte del Instituto Nacional de
Tierras (INTI), sobre terrenos que pertenecían al biólogo y que
eliminaban la única vía de acceso a su fundo de 290 hectáreas,
imposibilitándole la entrada y el trabajo en el mismo. Y es aquí donde
Franklin Brito decide la “locura” de pelear, sin descanso, por el
resarcimiento de sus derechos, en la parte de la historia cuyo
desenlace es lastimosamente conocido por todos y todas.

Ante su determinación de hacer visible las irregularidades, el
Ejecutivo Nacional asumió una estrategia incoherente. Por un lado
cumplieron parcialmente algunas de sus demandas, como bien las enumeró
la postura oficial tras el fallecimiento del huelguista, sin embargo
por otro se apostaba a la estrategia del desgaste y la difamación,
para intentar doblegarlo en su determinación. Algún día tendrá que
responder por sus actos un conductor del programa nocturno del Canal 8
que aseguraba tener una filmación de la esposa de Brito con otro
hombre; o aquellos que manipularon y difundieron un video para
intentar demostrar que Brito era un chantajista. Su caso tenía una
fácil solución si hubiese existido la franca voluntad de dialogar y
resolver el problema, sin embargo lo que imperó fue el irrespeto, la
soberbia y la intolerancia.

El error homicida del gobierno fue secuestrarlo en el hospital militar
pues obligó a Franklin a radicalizar su huelga. Cuando el gobierno
intentó retomar el diálogo el deterioro de su salud era irreversible.
En ese momento las demandas principales de Brito eran formalizar como
reparaciones materiales a daños contra su persona, las diferentes
medidas tomadas por el Ejecutivo en su caso y un pronunciamiento, a
favor o en contra, del propio presidente de la República.

En cualquier otro país la muerte de un huelguista de hambre hubiera
originado diferentes responsabilidades y renuncias. La Fiscal General
de la República debe meditar, concienzudamente, si es pertinente su
permanencia en el cargo. En cualquier escenario, la próxima Asamblea
Nacional debe revisar con la mayor rigurosidad su informe de gestión,
y decidir si la funcionaria ha cumplido cabalmente con sus funciones,
o por el contrario debe ser removida.

Como dice el trovador peruano Daniel F en su versión del tema “De
cartón piedra” de Serrat: “Me gusta estar con locos porque me llegan
al pincho los tipos demasiado sanos, los cuerdos, esos que dicen “para
que vamos a hacer tal cosa si ya todo está perdido”. En Venezuela hay
una nueva denominación para quienes deciden no claudicar en la defensa
de sus derechos: “trastornados de ideas delirantes”.

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